Orden PRE/1490/2012, de 9 de julio, por la que se dictan normas para la aplicación del artículo 7 del Real Decreto
240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y
residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión
Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo.
La Directiva 2004/38/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho
de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a
circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros,
por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las
Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE,
75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE regula, en su artículo 7,
las condiciones que deben cumplirse en aquellos casos en los que un
ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otros Estados
parte en el Espacio Económico Europeo desee residir en otro Estado
miembro, distinto del que es originario, por un período superior a tres
meses.
El Real Decreto
240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y
residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión
Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo no incluyó en su momento la totalidad de las
exigencias derivadas del artículo 7 de la Directiva 2004/38/CE, del
Parlamento y del Consejo, de 29 de abril de 2004. Dicha situación ha
implicado un grave perjuicio económico para España, en especial en
cuanto a la imposibilidad de garantizar el reembolso de los gastos
ocasionados por la prestación de servicios sanitarios y sociales a
ciudadanos europeos, tal y como ha señalado el Tribunal de Cuentas.
Ante dicha circunstancia, la disposición final quinta del Real Decreto-ley
16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y la
seguridad de sus prestaciones procede a transponer en su práctica
literalidad el artículo 7 de la Directiva 2004/38/CE, del Parlamento y
del Consejo, de 29 de abril de 2004, incluyendo las condiciones para el
ejercicio del derecho a la residencia por un periodo superior a tres meses.
Esta
materia debe aplicarse a la luz de la jurisprudencia del Tribunal
Supremo, en concreto la sentencia de 1 de junio de 2010, por lo que el
término familiar de un ciudadano de un Estado miembro de la Unión
Europea incluye a los familiares de un ciudadano español que se reúnan o
acompañen al mismo.
La presente Orden ha sido informada favorablemente por la Comisión Interministerial de Extranjería.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Empleo y Seguridad Social,
previo informe del Ministerio del Interior y previa aprobación del
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, dispongo:
Artículo 1. Derecho de residencia superior a tres meses.
Los
ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de otros Estados
parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y de Suiza tienen derecho de residencia en España por un periodo superior a tres meses si cumplen las condiciones previstas en el artículo 7 del Real Decreto
240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y
residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión
Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo.
Artículo 2. Presentación e inscripción en el Registro Central de Extranjeros.
1. Las solicitudes
de inscripción como residentes de los ciudadanos previstos en el
artículo 1, se ajustarán a lo previsto en los apartados 5 y 6 del
artículo 7 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero.
2. Las solicitudes
se presentarán personalmente en la Oficina de Extranjería de la
provincia donde pretendan residir o en la Comisaría de Policía
correspondiente.
3. Si la solicitud
de inscripción no reúne los requisitos necesarios para su tramitación,
se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane
las faltas o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que,
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución motivada, que no agota la vía administrativa, y que podrá
ser objeto de recurso de alzada.
4. El certificado se expedirá de
forma inmediata, previa constatación de los requisitos correspondientes.
En dicho certificado constará el nombre, nacionalidad y domicilio de la
persona registrada, su número de identidad de extranjero y la fecha de
registro.
Artículo 3. Documentación acreditativa.
1. Todas las solicitudes
de inscripción deberán ir acompañadas del pasaporte o documento
nacional de identidad, válido y en vigor, del solicitante. Si estos
documentos estuvieran caducados, deberá aportarse copia de éstos y de la solicitud de renovación.
2. Además se requerirá la siguiente documentación, en función de los supuestos en los que se encuentre el solicitante:
a)
Los trabajadores por cuenta ajena deberán aportar una declaración de
contratación del empleador o un certificado de empleo. Estos documentos
deberán incluir, al menos, los datos relativos al nombre y dirección de
la empresa, identificación fiscal y código cuenta de cotización. En todo
caso, se admitirá la presentación del contrato de trabajo registrado en
el correspondiente Servicio Público de Empleo o documento de alta, o
situación asimilada al alta, en el régimen correspondiente de la
Seguridad Social, si bien no será necesaria la aportación de esta
documentación si el interesado consiente la comprobación de dichos datos
en los Ficheros de la Tesorería General de la Seguridad Social.
b)
Los trabajadores por cuenta propia aportarán una prueba de que trabajan
por cuenta propia. En todo caso, se admitirá la inscripción en el Censo
de Actividades Económicas o la justificación de su establecimiento
mediante la inscripción en el Registro Mercantil o el documento de alta o
situación asimilada al alta en el régimen correspondiente de la
Seguridad Social, si bien no será necesaria la aportación de esta
documentación si el interesado consiente la comprobación de dichos datos
en los Ficheros de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la
Agencia Tributaria.
c) Las personas que no ejerzan una actividad
laboral en España deberán aportar documentación acreditativa del
cumplimiento de las dos siguientes condiciones:
1.ª Seguro de
enfermedad, público o privado, contratado en España o en otro país,
siempre que proporcione una cobertura en España durante su período de
residencia equivalente a la proporcionada por el Sistema Nacional de
Salud.
Se entenderá, en todo caso, que los pensionistas cumplen
con esta condición si acreditan, mediante la certificación
correspondiente, que tienen derecho a la asistencia sanitaria con cargo al Estado por el que perciben su pensión.
2.ª
Disposición de recursos suficientes, para sí y para los miembros de su
familia, para no convertirse en una carga para la asistencia social de
España durante su periodo de residencia.
La acreditación de la
posesión de recursos suficientes, sea por ingresos periódicos,
incluyendo rentas de trabajo o de otro tipo, o por la tenencia de un
patrimonio, se efectuará por cualquier medio de prueba admitido en derecho,
tales como títulos de propiedad, cheques certificados, documentación
justificativa de obtención de rentas de capital o tarjetas de crédito,
aportando en este último supuesto una certificación bancaria actualizada
que acredite la cantidad disponible como crédito de la citada tarjeta.
La
valoración de la suficiencia de medios deberá efectuarse de manera
individualizada, y en todo caso, teniendo en cuenta la situación
personal y familiar del solicitante.
Se considerará acreditación
suficiente para el cumplimiento de este requisito la tenencia de
recursos que sean superiores al importe que cada año fije la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para generar el derecho a recibir una
prestación no contributiva, teniendo en cuenta la situación personal y
familiar del interesado.
d) Los estudiantes, incluidos los que
cursen enseñanzas de formación profesional, deberán presentar
documentación acreditativa del cumplimiento de las siguientes
condiciones:
1.º Matrícula en un centro, público o privado, reconocido o financiado por la administración educativa competente.
2.º Seguro de enfermedad, público o privado, contratado en España o en
otro país siempre que proporcione una cobertura completa en España. No
obstante, se estimará cumplida esta condición si el estudiante cuenta
con una tarjeta
sanitaria europea con un período de validez que cubra todo el periodo
de residencia y que le habilite para recibir, exclusivamente, las
prestaciones sanitarias que sean necesarias desde un punto de vista
médico, teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones y la
duración prevista.
3.º Declaración responsable de que posee recursos
suficientes para sí y los miembros de su familia, para no convertirse
en una carga para la asistencia social de España durante su periodo de
residencia.
La participación en programas de la Unión Europea que
favorecen intercambios educativos para estudiantes y profesores se
considerará acreditación suficiente para el cumplimiento de estos
requisitos.
Los pasados días 7 y 8 de noviembre tuvieron lugar en Armilla (Granada) las primeras Jornadas de Extranjería. 
En estas primeras jornadas, y dado el complejo mundo del Derecho de Extranjería se trató de abordar los temas más relevantes en la actualidad, tras las últimas reformas acontecidas.
